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La economía criminal en México

El crecimiento geométrico de los crímenes desde que el Gobierno de Calderón improvisó a las Fuerzas Armadas del País como policías para combatir al narco es una prueba fehaciente que dicha estrategia no solo ha fallado por completo, sino que ha generado una escalada de violencia en México que no es comparable con la de ninguna otra nación del mundo. Todas las naciones que han intentado utilizar a sus Fuerzas Armadas en contra de la economía criminal – de cualquier tipo – han fracasado por completo, ya que no se ataca su elemento medular que es el financiamiento, ni se sigue el ciclo de recuperación del capital más las enormes utilidades que genera para lo cuál no se requiere de fuerzas policiales o castrenses, sino de una Comisión Nacional Bancaria y Financiera que regule los flujos de capitales.

Para el caso particular de la narco economía de México, todo el financiamiento y el principal mercado provienen de los Estados Unidos, aunque la actividad productiva, de almacenamiento y de trasiego se realice en naciones latinoamericanas: Colombia, Perú y Bolivia en la producción y México en la transportación hacia el principal mercado. No obstante, el gobierno de México no ha tenido ni la capacidad intelectual, ni los argumentos diplomáticos adecuados para presionar a los Estados Unidos a reconocer que ellos son el verdadero origen de todo el problema, ya que ningún Gobierno – desde Roosevelt – se ha atrevido a investigar las inversiones foráneas del imperio financiero de Wall Street y menos aún a crear acciones y normatividades para combatir el lavado de dinero de estas instituciones de la banca especulativa que operan en paraísos fiscales totalmente ajenos a las normatividades nacionales e internacionales.

Otro factor que potencializa la actividad de la economía financiera en los Estados Unidos es el enorme ingreso fiscal que significa para su Gobierno en turno, sin que éste lo dé a conocer al Congreso ni al Poder Judicial, ya que siempre ha sido discrecional y en función directa al nivel de corrupción de los altos funcionarios del gobierno en turno. Los ingresos fiscales provenientes de la economía criminal son comparables a los de la suma de los sectores de entretenimiento y de la industria cinematográfica.

En otra vertiente de este crecimiento de la violencia en el narco está la incompetencia y debilidad política de Calderón y de quiénes lo manipulan, en el sentido de que su débil Gobierno pretende legitimarse mediante las acciones intimidantes del Ejército que en muchas ocasiones se desvían hacia sus enemigos políticos, convirtiendo al país mexicano en un Estado policial donde se violan los derechos humanos fundamentales, se destruye la democracia, se aleja el Gobierno de sus representados y lo lleva a una crisis política gravísima que en cualquier momento puede convertirse en violencia fuera de control. Por otra parte, al enfrentar tan sólo a la parte visible del narco con un contingente que tiene menos tecnología, armas más primitivas y menos motivaciones materiales, la estrategia es un fracaso anticipado.

Por último, al contemplar finalmente el problema en un contexto realista, Calderón se ha dado cuenta que nunca podrá eliminar el origen de esa actividad criminal y acaba por seguir el juego hipócrita de la geopolítica de los Estados Unidos que desde hace más de 50 años ha decidido no luchar contra el narco y endilgarles la guerra sucia – que es necesaria para mantener alto el precio de la droga – a los dos países latinos que tiene bajo mayor control económico y político que son México y Colombia. Ahora mismo intenta demostrar ante los organismos internacionales que la incapacidad del Gobierno de México lo ha llevado a buscar la intervención de sus Fuerzas Armadas para indicarle a nuestro Ejército y policías como perseguir narcos, cuando jamás se realizan ese tipo de acciones en los Estados Unidos, desde que lo decidió en el Consenso de Washington.

Como este evento realizado en 1989 sigue siendo la base de todas las políticas fiscales, comerciales, económicas y de todo género que estableció Estados Unidos para poder ejercer su dominio regional con un supuesto sustento legal; tanto Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía en el 2001) como los famosos intelectuales Noam Chomsky y Naomi Klein presentaron duras críticas a estos mandamientos que sólo intentaban darle una apariencia de  legalidad al dominio unipolar de facto que ya realizaba el imperio norteamericano en todo el mundo. Pero la objeción toral de estos tres intelectuales no fue tanto la cínica actitud de tratar de legalizar su dominio económico y militar, sino que el Consenso de Washington estaba abriendo las puertas al capitalismo global para participar en la jugosa economía criminal, al desregularizar todas las operaciones financieras, comerciales, laborales y económicas en todo el mundo.

SECUELAS DE LA GUERRA AL NARCO

Según datos del CEEN (Centro de Estudios Estratégicos Nacionales) cada año desertan alrededor de 20 mil miembros de las Fuerzas Armadas para ingresar a la economía criminal, de modo que en la actualidad un 30% de quiénes viven dentro de la red del narcotráfico tienen antecedentes militares con experiencia en el uso de las armas y obviamente en la estructura y forma de operar de las fuerzas castrenses mexicanas que les facilitan su trabajo actual. Pero la secuela más preocupante de esta guerra insensata es el avance incontenible de la militarización en el sistema de justicia, ya que el Ejército conduce ahora operativos que no se informan a otras autoridades por el supuesto riesgo de filtraciones, que pueden llevar al País a una situación insostenible, ya que el Ejército carece de facultades constitucionales para realizar investigaciones que son facultad exclusiva del Ministerio Público. No hay duda de que la militarización creciente del sector político conducirá al autoritarismo, al abandono del estado de derecho y eventualmente hacia una dictadura.

Según publicación del CEEN, la militarización busca disminuir la democracia y la participación ciudadana en las decisiones más importantes de la economía política nacional; asimismo pretende reducir la resistencia de la sociedad a los poderes fácticos, aislar a la sociedad civil y hacer una represión selectiva entre los líderes sociales antagónicos. Además de producir un miedo paralizante a la población, con el propósito de mantener ocultos los mandamientos del Consenso de Washington a pesar de la bancarrota total del modelo neoliberal norteamericano.

Al perseguir con el Ejército los delitos relacionados con el narcotráfico, México se puede convertir en un Estado excepcional de derecho, por lo que se requiere de la supresión inmediata del ciclo económico del narco que no se puede lograr con operaciones preventivas del Ejército y sin formular una estrategia integral apropiada a este fenómeno. Por otra parte, la militarización de la política ha conducido a la realización de muchas arbitrariedades que han alcanzado a servidores públicos de elección popular y a altos funcionarios del sistema judicial, a quiénes se ha detenido en forma ilegal, con el propósito de desprestigiar a partidos políticos adversarios en épocas de elecciones, sin que hayan quedado responsables institucionales de esos delitos.

Las recientes reformas realizadas a la Policía Federal le dan atribuciones en la prevención del delito y facultades de investigación que pueden propiciar la utilización discrecional de la policía por parte del Poder Ejecutivo federal al quedar fuera del control del Poder Legislativo y de la sociedad civil.

Finalmente, los expertos en ciencias jurídicas del CEEN reiteran que la ‘guerra’ contra el narco bajo el comando directo de Calderón parece un intento de legitimación de su puesto y refuerza la hipótesis de que esta guerra fue utilizada contra los partidos opositores durante la jornada electoral del 2009. De forma específica en el estado de Michoacán cuando se detuvieron alcaldes y funcionarios responsables de la procuración de justicia por presuntos delitos vinculados con la protección del crimen organizado, con el obvio propósito de afectar la intención de voto de los electores.

LA GEOPOLÍTICA.

Por razones geográficas obvias, la estrategia geopolítica de los Estados Unidos intenta promover un estado policíaco en México, ante el fracaso palmario del neoliberalismo dependiente que cada día genera más desempleo, desigualdad y pobreza, buscando así mantener y profundizar la dependencia total de México a los intereses estadounidenses.

Señalan los especialistas del CEEN que México deberá modificar – cuanto antes – su actual estrategia que ha incrementado la violencia, no ha dañado en lo más mínimo a la economía criminal, ni a su secuela de corrupción y corresponde exactamente al interés geopolítico de los Estados Unidos para que se le permita comandar a las Fuerzas Armadas de México, por ser incompetentes y lanzarse  hacia una ocupación territorial mediante la instalación de bases militares que supuestamente ayudarían al Ejército.

PROPUESTAS.

Entre las propuestas más racionales y patriotas a esta problema de la guerra al narco están las que hace el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, vicepresidente ejecutivo del CEEN, quién señala la necesidad de regresar el Ejército a los cuarteles y reforzar el apoyo al Ministerio Público en los operativos que sean necesarios para realizar labores de investigación; revertir las reformas jurídicas, institucionales y políticas que buscan la formación de un Estado policíaco, restableciendo el control de los Poderes Legislativo y Judicial sobre la policía y las instituciones de procuración de justicia. Cortar la ‘ayuda’ que supuestamente da el Gobierno de EUA al Ejército mexicano y la cooperaciónn militar, ya que no requiere de ninguna ayuda extranjera para realizar las misiones específicas que la Constitución le encomienda.

Por último sugiere legalizar la producción y el consumo de marihuana para uso medicinal y que México exija una compensación a los Estados Unidos por los daños causados por sus consumidores de drogas, promover una acción en los espacios internacionales ‘multilaterales’ y reclamar la transparencia y su cooperación para poder confiscar los bienes de la economía criminal ya que sus inversiones y sus ganancias siempre vuelven a su sistema financiero, sin que haya forma de capturarlos.

Nuestra personal conclusión es que estamos frente a una decisión histórica como país: si prevalecerá la autonomía y la democracia a medias que tenemos ahora, o México pasará a ser una estrella más de la bandera norteamericana, ahora sí, de manera oficial.